El caso Dávalos – CAVAL (o nueragate)

     Hace apenas 3 días comenté el caso Penta y mencioné la noticia que acababa de aparecer a luz pública del millonario crédito obtenido del Banco de Chile por CAVAL, empresa de la cual es dueña en un 50% la esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet. Objetivo: demostrar que el caso Penta iba a tener coletazos a diestra y siniestra.

     En estos 3 días ha sido la noticia del día.

     Me voy a referir a ella con una dosis de ironía para hacer algo más ameno el artículo, dado que algunos lectores han empezado a manifestar un cierto cansancio ante tanta basura.

Resumen de los hechos

·         CAVAL pide préstamo a 3 bancos dado que tiene entre manos un negocio especulativo: compra de 3 predios agrícolas que por cambio del plano regulador, probablemente, en un futuro próximo, verán aumentado significativamente su valor comercial. Monto del crédito pedido, casi nada: 6.500 millones de pesos.

·         Esos bancos niegan el crédito, por tratarse de una sociedad sin historia (1 año y medio al momento de solicitarlo) y un capital de apenas 6 millones de pesos. Y además por tratarse de personas políticamente expuestas. Nada más ajustado a la lógica.

·         Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, sostienen una reunión con el vicepresidente y controlador del Banco de Chile, Andónico Luksic.

·         El préstamo les es otorgado al día siguiente que Michelle Bachelet es elegida Presidenta de Chile.

·         CAVAL firma compromiso de compra venta de esos terrenos con una inmobiliaria: 9.500 millones. Ganancia: 3.000 millones. Negocio redondo.

·         Dávalos es actualmente director sociocultural de la Presidencia (eso que los hijos participen de los gobiernos de sus padres ya me parece por sí  acreedor de suspicacias, aunque en este caso se trate de un cargo “ad honorem”). Y si alguien piensa en Ricardo Lagos Weber, aunque en su momento me pareció de mala presentación, considero ha sido un positivo aporte a la política.

     Pregunta recurrente: ¿qué PYME consigue hablar con el Vicepresidente de un banco para tramitar un crédito y obtenerlo sin el mínimo respaldo necesario? ¿O es que se entregaron al banco antecedentes que lo hicieron evaluar que los riesgos estaban cubiertos, aspecto que aún no sale a luz pública? ¿O el respaldo era que lo estaba solicitando, aunque no apareciera en forma directa, el hijo de la Presidenta?

 La reacción del Gobierno

     Es lo que me parece más insólito con los antecedentes que se disponen. Me indignó y me tiene frente al computador escribiendo.

     Al día siguiente el Ministro de Justicia y actual vocero de la presidencia, José Antonio Gómez, en tono enfático y seguro, hizo una férrea defensa del hijo de la Presidenta. En una declaración pública puntualizó, entre otras cosas: “La operación es completamente regular, corresponde dentro de una acción entre privados y no existe ningún recurso público comprometido, ninguno, y eso es lo que debe tener presente la opinión pública”. Y “No existe ningún antecedente que vincule a la sociedad respecto al cambio del plan regulador” (el que cambiaría el uso de suelos en la Región de O´Higgins).

     Agregó que aunque no estaba obligado según dictamen de la Contraloría, Dávalos haría una declaración de intereses y patrimonio. “Así de transparentes queremos ser”.

     Reforzó el blindaje públicamente el Ministro del Interior (y actual Vicepresidente), Sr. Peñaylillo, reiterando que el gobierno y la Presidenta están interesados en la más absoluta transparencia y que la posición del gobierno es la expresada por el  ministro Gómez.

     Una pregunta, señores ministros: ¿Cómo en apenas un día pudieron tener todos los antecedentes que les permitieran hacer esas aseveraciones tan taxativas y decir que se trata de una operación totalmente regular? Creo están pecando de temerarios. ¿O se trata de la única reacción que se les ocurrió para blindar al hijo de la Presidenta y tratar, malamente en mi opinión, de salvar la imagen del gobierno?

     ¿Quieren saber la opinión de uno de los tantos contribuyentes que tiene este país? No habrán comprometidos fondos fiscales ni se habrá defraudado al fisco (como en el caso Penta), pero todo esto tiene un saborcillo a tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

INSÓLITO: ÚLTIMO MINUTO:

     Mientras escribía escuché a lo lejos, en la tele que estaba viendo mi esposa en el dormitorio, que CIPER Chile acaba de publicar: “El negocio inmobiliario del Ministro Gómez que lo liga a Sebastián Dávalos y Bachelet”. Corro a ver la noticia. Entro al sitio WEB de CIPER. Se trataba que el Sr. Gómez es dueño de la inmobiliaria que construyó y vendió las viviendas en las que residen la Presidenta y su hijo.

     ¿Ilegalidad? Hasta aquí, ninguna. Sólo que da que pensar que existe una red de contactos e intereses que huele mal.

     Sobre CIPER Chile (Centro de Investigación Periodística). No tiene nada de derechista. Creo hace profesionalmente su trabajo y ha hecho denuncias que han sido un aporte invaluable en desbaratar el silencio en torno a malas prácticas e ilícitos. Valoro su aporte.

La reacción de la Nueva Mayoría

     Un alivio: al contrario de la posición irracional del gobierno, varios personeros de la Nueva Mayoría han indicado la necesidad de aclarar los hechos sin entrar en defensas sin fundamento. El diputado Juan Luis Castro, Carolina Tohá y Belisario Velazco entre otros. Y del Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco, que fue desautorizado por el propio Ministro del Interior indicando que esa no era la posición del gobierno.

      Posición similar han adoptado los diputados de “la bancada estudiantil” Boric y Jackson: o se dan buenas explicaciones o el señor Dávalos debería dar un paso al lado.

La reacción de la oposición

     Intervenciones bastante destempladas exigiendo la renuncia y magnificando la gravedad del hecho. Públicamente pareciera RN lleva la batuta. Me hace pensar en zarpazos de un animal malherido, a consecuencia del caso Penta y los malos resultados de las últimas encuestas de opinión.

     Más centradas me parecieron las opiniones del diputado Nicolás Monckeberg (RN), que indicó se trataba de un negocio especulativo y que la participación de Dávalos estaba afectando la imagen y la labor de su madre.

Otras opiniones

·         Rafael Garay, economista y candidato a diputado por partido de MEO.

          En 15 años en el campo, es primera vez que veo una operación de esta naturaleza.  Es de alto riesgo. No es una operación regular como ha declarado el banco.

http://www.cnnchile.com/noticia/2015/02/09/rafael-garay-por-polemica-de-sebastian-davalos-hay-una-operacion-que-por-lo-menos-se-ve-mal

·         Ex fiscal Carlos Hidalgo.

     Las garantías deben ser evaluadas por el banco. En principio no habría irregularidades  para investigar. Es un tema de interés público pero no penal.

http://www.cnnchile.com/noticia/2015/02/09/carlos-hidalgo-por-credito-de-caval-limitada-en-principio-no-habria-irregularidad

·         ¡Qué bueno el análisis que hace Max Colodro en una reciente entrevista en CCN!

http://www.cnnchile.com/noticia/2015/02/11/max-colodro-aseguro-que-caso-davalos-puede-terminar-afectando-la-imagen-de-la-presidenta

   

TRANSPARENCIA: Dávalos hace su declaración patrimonial y de intereses

     Antes, para entender un poco de quien se trata.

 

     En febrero de 2013, antes de las primarias presidenciales (aunque ya se sabía quién las iba a ganar y sería la próxima presidenta de Chile), Tomas Mosciatti, hizo un comentario (4:41 minutos) que él mismo calificó de “impopular, desagradable incluso para muchos…” Habla de las actividades de Sebastián Dávalos. Interesante para conocer sus características personales y el mundo en el que se mueve.

     Lo pueden ver pinchando:

https://www.youtube.com/watch?v=_QKpIuF5DvI

     Al igual que CIPER, no es de derecha. Le dispara de chincol a jote, lo que hace me sienta identificado con él. Me hace recordar el profesionalismo de esa gran periodista chilena que fue Raquel Correa.

     Pues eso: Dávalos hizo su presentación patrimonial después de guardar unos días de silencio, que es lo que se estila. Para pensar bien y consultar con los abogados como pararse ante la opinión pública. Un chiste. Veamos:

Activos:

·         Propiedad en La Reina (supongo la que compró a J.A.Gómez): 102 millones.

·         Parcela: 38,7 millones.

·         Sitio eriazo en Melipilla: 8 millones.

·         Una moto: 5,4 millones.

·         Acciones de La Polar: apenas 44 mil pesos. ¿Será por lo que perdieron esas acciones después del “crash” que sufrió la firma?

·         Participación en 2 sociedades, sin mencionar su patrimonio.

     Por lo tanto, considerando los ítems de los cuales dio cifras, el total de los activos suma 154 millones de pesos.

Pasivos:

·         Deuda hipotecaria con el mismo Banco de Chile por su propiedad en La Reina: 110 millones.

·         Deuda con su padre: 30 millones.

     Total pasivos 140 millones lo que, si las matemáticas y los principios contables no fallan, tendría un patrimonio de apenas 14 millones de pesos.

          He escuchado decir: ¿Y con ese patrimonio es interlocutor para conseguir 6.500 millones para la empresa de la esposa?

      ¿Y los bienes e inversiones que pueda tener su esposa? No pues, no se pongan exigentes: deben tener separación de bienes. Y lo que pidió el gobierno es su declaración patrimonial, no la de su familia. Todo muy de acuerdo a la ley.

     ¿Saben señores Pañaylillo y Gómez? Esa declaración de transparente no tiene nada, así que no sigan manoseando el concepto. Más parece una tomada de pelo.

     Lo aquí ocurrido, al igual que en Penta, hace pensar que los políticos creen que los chilenos somos imbéciles. Algunos habrá, pero lejos de ser mayoría.

El Banco de Chile

     Algunos dirán que el dueño del banco puede prestar dinero a quien y en los términos que quiera. No pues: el Banco de Chile es una sociedad anónima. Hasta yo tengo acciones. El Sr. Luksic es el Vicepresidente y controlador, pero no el dueño. Y debe sujetarse a la “Ley General de Bancos”, que establece que la institución debe velar por los intereses de los ahorrantes, que es el dinero que se está prestando y no los del vicepresidente. Ahí podría haber un flanco de ilegalidad, si esos intereses no hubieran sido  debidamente resguardados.

     El crédito parece ser de alto riesgo a ojos del ciudadano común y corriente. A menos, repito, se tengan antecedentes de la bondad del negocio que no han salido a luz pública.

     Se podría pensar que los predios quedaron hipotecados a nombre del banco como garantía. No parece ser así, pues no es un crédito hipotecario sino que tiene otro nombre que no retuve: el capital (los 6.500 millones) se devuelven al banco al término del período pactado (que desconozco) y los intereses, mensualmente.

     ¿A qué interés se hizo el préstamo? A 5,33%  anual. Cuenta simple, el capital prestado, a esa tasa, significa un pago mensual en intereses de $10.220.000. ¿Para una sociedad que tenía (no sé ahora) un patrimonio de 6 millones? Raro, por decir lo menos.

     Así como el grupo Penta es un abierto financista de la UDI, el grupo Luksic ha sentido una histórica simpatía por la ex Concertación, ahora Nueva Mayoría. Me imagino ha apoyado financieramente sus campañas. No tengo porque suponer haya sido fuera de los márgenes que permite la ley.

     Creo que el banco se metió en un forro. Nada raro que accionistas minoritarios (AFPs entre ellos) pidan rendir cuenta. Y la SBIF investigue si no se vulnerado la caución de los intereses de los ahorrantes.

     Una cuasi anécdota con el Banco de Chile: cuando decidimos trasladarnos a Santiago, tuve que comprar un departamento. Coticé créditos hipotecarios. En el Banco de Chile, donde soy cuentacorrentista, la ejecutiva que analizó mi solicitud me la negó: yo no tenía “espaldas” para garantizar su pago.

      Creo transmitir una imagen más bien pacífica, pero cuando siento atropellados mis derechos o auto estima, aflora un temperamento sanguíneo que pocos se imaginan. Partí, con la indignación guardada en el bolsillo, a hablar con la agente de la oficina que estaba tramitando la solicitud, en Calama. Encontró muy atendible mi posición y a los 2 días me llamó para decirme que no había problema. La funcionaria se había equivocado.  Igual el crédito no me lo dieron pues los abogados del banco le recomendaron no financiar proyectos de esa inmobiliaria. Pero ya no era por problema de insolvencia personal.

     El crédito me lo otorgó el BCI a la conveniente tasa de 3,49% anual. Voy a estar pagando ese crédito hasta el año 2025.

Declaración de intenciones (mías)

·         No pienso volver sobre este tema. A menos que, al final, se demuestre que Sebastián Dávalos no sólo actuó dentro de los márgenes de la ley, sino éticamente. Y que las utilidades de sus negocios los destina a favorecer a grupos de chilenos en condiciones precarias. En ese caso haré un “mea culpa” por este mismo medio, por haber cometido el error de juzgar mal a una persona sin tener a la vista todos los antecedentes.

·         En la justicia, cualquier inculpado debe ser supuesto inocente hasta que haya sido declarado culpable. Estoy de acuerdo. Pero el mismo principio no tiene que obligatoriamente ser aplicado a los juicios de personas naturales. Por lo que ha demostrado la historia (reciente y pasada), en el caso de los políticos y empresarios cuando se trate de intereses personales, ante una acusación supondré que son culpables a menos que demuestren en forma inequívoca que son inocentes. No sólo “que no se hayan salido de lo que establece la ley”; la parte ética también cuenta. Salvo algunas excepciones, que me reservo el derecho de calificar según el historial de cada cual.

El caso Penta

     Si espero más tiempo para comentar el tema, será tal el cúmulo de casos que tendrán relación directa o indirecta con él, que harán casi imposible su análisis. Ya la lista es numerosa de hechos reñidos con la ley y la ética: una ensalada de fraudes, delitos, delaciones, tráfico de influencias, inmoralidades… y mentiras, que hacen difícil separar la paja del trigo.

     Cada día aparecen nuevas “aristas” y “coletazos”. El último me hizo pensar que estamos viendo la punta de un iceberg cuya visión final, si algún día se logra, puede tener consecuencias insospechadas, y que la corrupción en Chile está bastante más generalizada de lo que muchos quisiéramos pensar.

Lo que acaba de saberse

     Puesto en forma de punteo dado que recién se conocen los primeros antecedentes.

·         CAVAL es una empresa creada el año 2012, sin mayor trayectoria, con un capital de 6 millones de pesos de la cual es dueña en un 50% la nuera de la Presidenta Bachelet (esposa de su hijo).

·         Piden a varios bancos un préstamo por 6.500 millones de pesos para la compra de unos terrenos rurales en Machalí. Suponen, no sin antecedentes, que esos terrenos pasarán a corto plazo a ser de uso urbano por el cambio del plan regulador de Rancagua, con lo que aumentarán considerablemente su valor.

·         Hacen solicitud de préstamo a 4 bancos, sin que fructifiquen. ¿Qué banco hace un préstamo por ese monto a una empresa cuyo patrimonio es de apenas 6 millones?

·         Sostienen una reunión con Andrónico Luksic, presidente del Banco de Chile.

·         Ese banco otorga el crédito el día siguiente que Michelle Bachelet es elegida presidenta. ¿Posible casualidad?

·         Compran los terrenos.

·         El 21 de enero de 2015 CAVAL firma una promesa de compra venta de los predios con una inmobiliaria por 9.500 millones de pesos.

·         Balance: ganancia de 3.000 millones de pesos en una pasada.

     ¿Qué tiene que ver con el caso Penta que, por el momento, ha afectado principalmente a la UDI? Uno de los tantos coletazos que probablemente seguirán apareciendo

     Una reacción, no digo justificable pero sí bastante característica del comportamiento del ser humano (lo que no nos enaltece):

“He cometido delitos. He sido pillado. Voy a demostrar que mis adversarios políticos son tan corruptos como yo. Y luego que arda Troya.”

     “Están tratando de aplicar la ley del empate” dicen los partidarios del gobierno. Exactamente, para demostrar que todos están salpicados. Al final, todos pierden; Chile principalmente.

PENTA: puesto en contexto

     Aclaración previa: el juicio que me he formado está basado en  declaraciones de los involucrados. Pero como las mentiras han sido la tónica, no descarto que hechos que hoy considere como ciertos, a la postre resulten imprecisos o erróneos. Pero por algo debo partir.

     Por el momento podemos hablar de cuatro aristas del caso:

·         Fraude al FUT

·         Juicio laboral contra Penta por parte de su ex gerente general

·         Financiamiento ilícito y fraudulento de campañas políticas

·         Evasión tributaria por parte de Penta

Fraude al FUT

     Delación que abre la caja de Pandora: el año 2014 el Servicio de Impuestos Internos (SII) recibe dos cartas anónimas: que investiguen a su fiscalizador Iván Álvarez que, en uso de su cargo, está defraudando al fisco.

     El SII, afortunadamente, considera debe investigar. Descubre que desde el año 2007 su funcionario había descubierto como vulnerar el sistema tributario, rectificando declaraciones pasadas y consiguiendo que el fisco hiciera devolución de dineros que no correspondían. Se habla que el fisco perdió 2.500 millones de pesos por esas operaciones.

    La red de corrupción operaba así: tenía cómplices, el martillero Valdivia entre ellos, que ofrecían a contribuyentes dispuestos a beneficiarse del ilícito, que rectificaran su declaración de impuestos. El fisco devolvía la plata y los beneficiarios pagaban a la red de  Álvarez una comisión.

     La Fiscalía ha imputado a 122 contribuyentes que participaron en el ilícito, entre ellos al gerente general de Penta en aquel entonces, Hugo Bravo, que debe haber considerado muy atractiva la oferta de Valdivia de obtener ganancias burlando al fisco.

       Obviamente había una falencia en el sistema de control del SII: que sólo investigaba solicitudes de rectificación de declaraciones sobre cierto monto, lo que era sabido por Álvarez (ahora en presión preventiva) y operaba bajo ese monto.

     El SII investiga el computador de Hugo Bravo y para su sorpresa, encuentra boletas falsas de las esposas de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Eso desemboca en dos nuevas aristas.

     Hasta aquí: bien por delatores y al SII por haber tomado el toro por las astas.

 

La arista laboral

     Pillado el Sr Bravo en el fraude, Penta considera debe dejar su cargo lo que el involucrado parece encontrar de toda lógica. Con una compensación, claro está: 2 millones de dólares.

      Digamos que el ex gerente tenía un sueldo que ascendía a la sideral cifra de 36 millones de pesos mensuales, aunque sus liquidaciones indicaban montos menores para evadir impuestos, figura que parece ser usada con bastante frecuencia.

     La forma como se oficializó la renuncia no la tengo clara pues hay versiones contrapuestas de cada una de las partes.

     Bravo debe enfrentar la justicia asesorado por su abogado. Penta tiene los suyos. Todo parece que las estrategias para enfrenar el caso (léase cómo mentir y falsear los hechos) son divergentes. La relación entre las partes se pone tensa y Penta desconoce el compromiso de pagarle los 2 millones de dólares.

     El ex gerente se siente traicionado y decide hablar. ¿Arrepentimiento? No, reacción a la que considera una traición de sus antiguos amigos y aliados. Y probablemente para ser sometido a una pena menor “por colaborar con la justicia”.

     En la Fiscalía, Bravo no sólo reconoce el fraude al FUT; además denuncia el financiamiento irregular a políticos. EL SII decide investigar a Penta.

 La arista política

     Con grabaciones en mano, Bravo entrega a la justicia los antecedentes de financiamiento de distintas campañas políticas. Las más notorias por su monto: la senadora Ena von Baer, el senador Iván Moreira (ambos UDI) y el ex precandidato presidencial Laurence Golborne (independiente pro UDI).

     Adicional a los montos permitidos por la ley, los aportes ilícitos se realizaban mediante la entrega a alguna de las empresas del grupo Penta, de boletas conocidas como “ideológicamente falsas”: por servicios (asesorías) nunca prestadas, las cuales para la empresa aparecían como gasto, reduciendo las utilidades y por lo tanto pagando menos impuestos a los que estrictamente hubiera correspondido. Ese era el origen de los fondos disponibles para el financiamiento político.

     Una duda no resuelta: la empresa que emitía la boleta (relacionada con el que recibía el aporte a su campaña) debería registrarla como ingreso, aumentando sus utilidades y debería pagar impuestos por ellos. Entonces el balance para el fisco debería ser cero. ¿Dónde está la trampa? Una posibilidad: empresas de papel que se las ingeniaban para demostrar que tenían pocas o nulas utilidades y por lo tanto no pagaban impuesto. Debe haber detrás de todo un tejemaneje oscuro que me es ajeno.  

    La reacción de los involucrados:

·         Partían negando el hecho.

·         Guardando silencio hasta donde fuera posible.

·         Argumentaban que sus gastos electorales habían sido aprobados por el SERVEL y por lo tanto todo estaba en orden, lo que resulta un absurdo dado que dicho organismo lo único que puede hacer es comprobar que los gastos oficialmente reconocidos (creo que con pocas excepciones muy inferiores a los reales), estuvieran respaldadas por las boletas respectivas. Nada más.

·         Tratando de ganar tiempo diciendo: “hay que esperar que la investigación siga su curso”.

·         Finalmente, cuando ya  la evidencia resultaba irrefutable, tratando de minimizar la falta calificándola de error o términos parecidos.

     Algunos casos.

Senadora von Baer

     Habría recibido un aporte de 30 millones y solicitados 100 más los que al parecer no le fueron entregados.

    En sus primeras declaraciones aseveró nunca haber solicitado ni recibido aportes irregulares del holding.

     Luego tuvo que reconocer el hecho calificándolo de “error involuntario”.

     Hasta donde sé, el acto de mentir nunca es involuntario. Y según lo indicado por el fiscal Carlos Gajardo, la Fiscalía no investiga errores, sino delitos.

El senador Moreira

     Sus declaraciones iniciales (octubre 2014): “Yo no sé quién me ayudó en mi campaña. Todos mis aportes son reservados”.

     Recibió aportes y luego pidió un suplemento que llamó “un raspado de la olla”.

     Luego (enero 2015) cuando ya las pruebas eran evidentes, en una declaración pública reconoció haber solicitado (y recibido) ayuda de Hugo Bravo y que el financiamiento fue irregular pues se realizó a través de boletas de terceros.

     Nuevamente: primero mentir para ocultar el hecho “por si pasa”. Luego, rendición ante la evidencia. En todo caso hay que destacar que el senador fue el primero en reconocer públicamente el ilícito, desmarcándose de la posición de la UDI hasta ese momento de bajarle el perfil. Moreira pide disculpas públicas.

El precandidato Golborne

     Guardó silencio el tiempo que pudo.

     El 3 de noviembre reconoció haber recibido 120 millones de pesos contra boletas por servicios no prestados.

Pablo Wagner  ex subsecretario de minería del gobierno de Piñera.

     Recibió 3 millones de pesos en forma bimensual mientras duró su cargo en el gobierno, lo que está terminantemente prohibido a los funcionarios públicos. Mecanismo: boletas falsas emitidas por familiares. Según sus declaraciones a la Fiscalía, era por una deuda que tenía Penta mientras le prestó servicios; con ese mecanismo rebajaba impuestos. Indicó tener su conciencia tranquila pues esos pagos en nada influenciaron su actuar para favorecer la aprobación del proyecto minero “Dominga” del grupo Penta.

Delito por el que se le acusa: cohecho. Citado a declarar.

Renunció a la UDI. 

Salen a la luz otros casos no relacionados con la UDI

Andrés Velazco: Un colaborador, Mario Livingstone, pidió ayuda a Penta para la precandidatura presidencial. Se hizo almuerzo: 20 millones de aporte. Según Velazco por charla dada a ejecutivos de Penta (no sé si ese es el valor de mercado por una charla de un ex Ministro de Hacienda). Según Délano, se trató de un aporte.

     Las “malas prácticas”, tan denunciadas por el ex precandidato presidencial, parecen estar en todos lados.

Alberto Undurraga actual  ministro de Obras Públicas (MOP) de Bachelet.

     Creador de la fundación “Ciudad Justa” antes de empezar su campaña senatorial que no ganó. Recibió un aporte de 4 millones (modesto) entregando a cambio un estudio que ya había realizado la fundación, que según Délano, nunca pidieron ni utilizaron. Como quien dice, “para entregar algo a cambio”.

     El MOP debe renegociar contratos de autopistas con 4 concesionarias relacionadas con el grupo Penta.

     La lista es larga, siendo los implicados principalmente pertenecientes o afines a la UDI. Creo que con los casos presentados, basta y sobra.

Se involucra al grupo Cruzat

     Noticia reciente (una semana): Délano y Lavín habrían declarado en la Fiscalía un mecanismo que utilizaban para eludir impuestos: Operaciones FORWARD (una especie de seguro si ciertos precios pasaban de valores definidos). Lo hacían con empresas coludidas. El gran ilícito estaba que fechaban el contrato con data anterior y ya sabían el valor real de lo asgurado a la fecha de vencimiento del contrato, que le significaría una pérdida para Penta, por lo que mostrarían menos utilidades y por lo tanto pagarían  menos impuestos. Los dineros eran devueltos por la otra parte a Penta, cobrando una comisión por el “servicio”. Aquí de nuevo tengo la duda cómo manejaba contablemente el ingreso la empresa coludida.

      ¿A raíz de qué declararon ese ilícito que nada tendría que ver con el financiamiento de las campañas ni con el fraude al FUT? Incógnita.

     El 2 de febrero salió a luz pública que en esas operaciones estaban involucradas empresas del grupo Cruzat. Citados a declarar.

El paseo en yate en Nueva York

    Mario Paredes, chileno – norteamericano residente en Nueva York, organiza en septiembre de 2013 un paseo en yate para recaudar fondos para la campaña de Michelle Bachelet. Aportes desde US$ 1.000 por persona. Participa y promueve el actual Ministro de RR.EE, Heraldo Muñoz, en aquel entonces funcionario de la ONU.

     En entrevista de televisión, con voz segura y convincente, el Sr Paredes declara que participaron personajes no chilenos, dando, sin titubear, algunas nacionalidades y profesiones. El aporte a campañas electorales por personas extranjeras está prohibido por ley.

     A poco andar el organizador se desdice, indicando que sólo participaron chilenos.

     La diputada UDI María José Hoffmann declara “que se trata de un hecho gravísimo”.

     No me parece gravísimo que se haya hecho la actividad. Una metida de pata que hayan invitado a extranjeros. Y habría que ver si está debidamente registrado ese aporte en la cuenta entregada al SERVEL.

      Los involucrados siempre tratan de minimizar el hecho que los afecta y los contrincantes, a magnificarlo.

      ¿Sabe diputada lo que encuentro gravísimo? Que el gobierno de Chile, al ver que la situación los complicaba, hayan hecho que Paredes se retractara, mintiendo para salvar la imagen. La mentira es lo grave.

Carlos Alberto Délano

       Don Carlos Alberto es, de los dos fundadores de Penta, el más visible públicamente.

     En su hoja de vida aparecen hechos destacables:

·         Presidente (2010) y miembro del directorio de Fundación Teletón. Renunció al estallar el caso Penta.

·         Uno de los 25 empresarios que le cambiaron el rostro a Chile. “Revista  Capital 2003”.

·         Premio al mejor empresario del año: 1997.

     Analizado el caso, no puedo dejar de recordar la antigua tira cómica “El otro yo del doctor Merengue”. ¿Será que todos los hombres tenemos una faceta clara, de la que nos enorgullecemos, y otra oscura que tratamos de mantener oculta?

 

A modo de cierre

     Seguramente el futuro traerá nuevos y, para algunos, sabrosos antecedentes. Para mí, deplorables. El desprestigio de la política y del mundo empresarial, bien merecido por cierto, sólo pone al país ante un futuro incierto. Cuando ya no se puede confiar en las personas y en las instituciones, puede pasar cualquier cosa.

     Sobre el actuar de políticos electos respecto a la violación de las leyes que ellos mismos aprueban, una vez descubiertos, le veo sólo una alternativa de acción medianmente digna: la renuncia a sus cargos. Así, por lo demás, lo ha sugerido la senadora Allende y el diputado Boric.

     Ahora, como siguen “dedicados en cuerpo y alma al trabajo legislativo para el cual fueron elegidos por el pueblo” si en las próximas elecciones se presentaran como candidatos y si ese mismo pueblo vuelve a elegirlos, entonces deberé declarar que no entiendo al electorado.   

     Debe revisarse la legislación sobre el financiamiento de la política. No dudo se hará. Pero suponer que se eliminará la nefasta relación entre la política y el dinero es una quimera. Donde hay poder, hay intereses de toda índole, terreno propicio para la corrupción, el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada e ilícitos similares. Pero por lo menos tratemos de atenuar su ocurrencia y efectos.  

Despenalización del aborto terapéutico

     Temas para pensar y conversar puestos en el tapete por las reformas que impulsa el gobierno no han faltado. Y otros por el “mal comportamiento” de empresarios y políticos, entre el que destaca el caso Penta, sobre el cual me referiré algún día cuando estime que tenga antecedentes suficientes como para emitir una opinión. Ese caso se enreda cada día más, en una maraña de mentiras, delaciones, delitos e inmoralidades que dificultan separar la paja del trigo. Creo es una caja de Pandora que apenas está entreabierta.

     Sobre el reciente proyecto de ley presentado por el Gobierno llamado “Despenalización del aborto terapéutico”, a pesar del dramatismo y complejidad moral del tema, abordarlo me resulta menos engorroso.

     Como concepto, debo declarar que el hecho de la gestación me parece  unos de los milagros más asombrosos de la naturaleza el que hay que proteger en todas sus facetas,  y, aunque pudiera parecer una contradicción, estar de acuerdo en principio con las 3 causales estipuladas para la interrupción de un embarazo: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Las consideraciones dependen de cada caso.

Para salvar la vida de la madre

     Si la madre requiere un tratamiento para salvar su vida cuya consecuencia no deseada significa la muerte del embrión (hasta 10 semanas desde la gestación según algunos) o feto (a contar de esa fecha), no objeto el hecho ni le pongo plazo: depende del momento en que la situación se produzca. La decisión: exclusiva de la madre.

 Se dice es una práctica médica habitual desde siempre y no se considera aborto.

Inviabilidad del feto fuera del vientre de su madre

     Tengo las mismas consideraciones y posición que en el caso anterior. Seguir con un embarazo inviable o interrumpirlo debe ser una decisión de la madre.

Violación

     La violación la considero la peor bajeza y brutalidad que puede cometer un hombre contra una mujer, muchas veces niña, tanto así que no me cerraría a considerar castigos igualmente bárbaros como la castración o la pena de muerte en casos justificados. Como medida ejemplarizadora.

   Pero no, nuestra civilización no acepta castigos que vayan más allá de la privación de la libertad, “siempre que la justicia haya tenido pruebas fehacientes sobre la culpabilidad del inculpado”, las que muchas veces no son posibles de obtener y la pena, de existir, no guarda relación con la gravedad del agravio.  

     Sobre el proyecto de ley sobre el aborto en caso de violación: es la situación más controvertida. Soy partidario de la interrupción del embarazo con una salvedad: que no signifique matar un ser humano que está por llegar al mundo no por decisión propia sino por una acción de sus progenitores, forzada en el caso de la mujer, y que ahora tiene todo el derecho a nacer. Se trata de una contraposición entre el derecho de la madre a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida de un ser aún “non nato”.

     Y aquí está el gran dilema. Unos dicen debe considerarse ser humano desde el momento mismo de la fecundación del óvulo. Otros, en el otro extremo, argumentan que debe considerarse como tal cuando alcanza autonomía fisiológica y cuando su sistema nervioso ha adquirido la estructura y la funcionalidad necesaria para percibir estímulos sensoriales, o sea, cuando se ha desarrollado la corteza cerebral, lo que no ocurre hasta el tercer trimestre: la semana 24 o 25.

     Independiente de  consideraciones religiosas,  médicas o académicas, hice el ejercicio de observar la evolución de un feto humano según su etapa de gestación para ver si tenía la sensación de estar frente a un ser humano o no.

     A las 5 semanas  la sensación es de estar frente a un ser vivo (también lo son las plantas y cada una de nuestras células) pero no ante un congénere.

Embrión de 5 semanas

     A las 8 semanas se me complica el panorama: las manos son de humano. Dicen que ya hace ejercicios y sabe tragar y beber el líquido que lo rodea. No se trata de un equino. Podría ser un extraterrestre.

Embrión de 8 semanas
 

     A las 10 semanas cualquier duda se disipa: deforme para los estándares de un recién nacido, pero ya parece ser una diminuta personita.

Feto de 10 semanas

     A la 12ª semana, es definitivamente un niño. Es el tiempo en que la ley permitiría el aborto en niñas de hasta 14 años que quedaron embarazadas a causa de una violación.

Feto de 12 semanas

    Entre la semana 14ª a 17ª  ya no hay duda: es un pequeño (o pequeña) que espera pacientemente alcanzar el desarrollo necesario para integrarse a este mundo.

Mueve la cabeza, brazos, piernas y labios. Los ojos y los oídos han alcanzado su lugar definitivo. La circulación es perfecta.

Feto semanas 14 a 17

    Semana 18ª: Es la edad límite en que el proyecto de ley permite el aborto en mujeres mayores de 14 años. ¡Se trata de un niño!

Feto a las 18 semanas

     Esta simple observación me movió el piso. Hubiera deseado otra cosa para justificar mi primer impulso de apoyar la interrupción del embarazo en casos de violación hasta el plazo considerado en la ley. Sin matar a nadie.

     Hasta las 8 semanas, estaría dispuesto a conversar. A partir de la semana 10 mi conciencia me dicta que, aunque sea en miniatura, se trata de un asesinato.

     Para determinar el hecho de una violación, ¿quién lo define? ¿La propia afectada junto con su familia? ¿Quién da fe de la veracidad? Se dice que el médico tratante no estaría obligado a informar a la justicia que se trata de un acto de violación (delito).  Sería muy fácil que después de un desliz sin protección de una pareja, la joven declare que fue violada, sin testigos… y asunto resuelto.

     ¿O se cambiará la ley en el Parlamento para que sea la justicia quien deba emitir un fallo al respecto? Con lo que demoraría la presentación y constatación de las pruebas, lo que tardan los juicios, la cantidad de casos que seguramente llegarán a los tribunales, me temo que al momento del fallo el afectado estará dando ya sus primeros pasos.

     La solución del gravísimo hecho al que se ve enfrentado una joven o mujer violada, del que me hago cargo y me angustia, no parece difícil: la píldora del día después, de la que soy abierto partidario no sólo en ese terrible caso sino en cualquier relación que pudiera llevar a un embarazo no deseado. De libre acceso como un tema de salud pública. En esos casos no considero que haya todavía un ser humano involucrado.

Las cosas por su nombre

   Estamos acostumbrados a no llamar las cosas por su nombre.

    La despenalización del aborto como se ha llamado a la ley no parece ser tal. Si se despenaliza significa que tanto la mujer como el médico interviniente no pueden ser sometidos a juicio si se practica en las 3 situaciones mencionadas. Nada más. Lo que pretende la ley es establecer un derecho de la mujer a decidir en esos casos. De despenalizar a definir un derecho exigible hay una diferencia no menor.

     Si sólo se despenalizara, la posición del rector de la Universidad Católica y otras organizaciones afines al catolicismo sería válida. Al ser un derecho, no pueden negarse a ello institucionalmente pues no están por sobre la ley. La salida es la considerada “objeción de conciencia”, la que es personal. Las personas tienen conciencia; las instituciones no.

     Por otro lado el término terapéutico parece apropiado en el caso de riesgo de la vida de la madre. Dudoso en situación  de inviabilidad fetal. Pero no correspondería en el caso de violación a menos que, hilando muy fino, se argumentara que el embarazo afectará la salud mental de la eventual madre.    

¿Abre el proyecto de ley las puertas al aborto sin restricción?

      Supongo que no es la intención de muchos de los que lo apoyan, mientras que otros deben considerarlo como “un paso en la dirección correcta”. No siempre el apoyo a una iniciativa tiene los mismos objetivos finales. Como en el caso del acuerdo de vida en pareja, iniciativa que comparto, en que muchas organizaciones han indicado públicamente que su objetivo final es el matrimonio igualitario y que esa ley es un primer paso.

     Aun suponiendo que el espíritu de la ley no fuera sino lo que dice su texto, como hecha la ley hecha la trampa, ante la dificultad de establecer fehacientemente que se cumple alguna de sus tres causales, permitiría practicar abortos a su amparo sin mayores restricciones.

     Si se coluden las farmacias, los productores de pollo…¿cuánto más fácil no es se coludan dos médicos para certificar una causal inexistente y proceder al aborto? Digamos un certificado “ideológicamente falso” usando la terminología puesta en boga por el caso Penta.

     Se podrá argumentar lo de la ética médica. No dudo muchos la tengan, pero otros prescinden absolutamente de ella. ¿No fueron médicos quienes extendieron certificados de defunción de niños nacidos vivos para darlos en adopción? (caso Joannon). Por lo demás es vox populi que hoy, con un diagnóstico de apendicitis se practican abortos no sólo en clínicas cuicas.

     Con o sin ley, se seguirán realizando abortos en el país. Antes al margen de la ley, que pasaban “piola” pues hasta donde sé, sólo hay una mujer encarcelada por el delito, un aficionado que hasta el día de hoy sostiene era un servicio que le brindaba a la sociedad y ningún médico. Ahora se podrá hacer al amparo de la ley: unos según lo que establezca la legislación y otros, usándola como pantalla para abortos independiente de su justificación.

 ¿A favor o en contra de la ley?

     Creo que con o sin ley, la situación de abortos en el país no variará en forma dramática, salvo casos que han sido conocidos de mujeres que ante la inviabilidad de vida del feto, incluso ya muertos, se han visto obligadas a llevar su embarazo a término. En esos casos la ley es un aporte dejando a la madre que tome la decisión.

     Otra situación que ocurre sin tener datos de su frecuencia: jóvenes de bajos recursos violadas que, por falta de recursos económicos, recurren aborteras (os) sin los conocimientos y medios sanitarios poniendo en riesgo sus vidas. En esos casos, es mejor lo hagan en un centro de salud reconocido.

     Dicho esto, prefiero que exista una ley (no necesariamente el proyecto como está), enfrentando el problema y no mirando para el lado como si éste no existiera (hipocresía). El potencial mal uso de la ley que he comentado no me parece razón suficiente para declararme contrario a que se legisle sobre el tema.

Reflexión final

     La ley pretende otorgar a la madre la facultad de decidir en las tres causales definidas.

    Sobre todo en el caso de violación, espero que la ley considere el apoyo sicológico que debería darse a la mujer después de practicarse un aborto, situación que me imagino debe ser tan traumática como la violación misma.

     La ley aborda el problema del aborto una vez consumado el hecho con consecuencia de embarazo. ¿Dónde está la preocupación para prevenir la atrocidad de una violación? ¿No es esa otra de las profundas trasformaciones que dicen no pocos requiere la sociedad chilena? Con la nueva ley podrá reducirse el número de nacimientos producto de violación, pero el deleznable hecho seguirá ocurriendo en forma inalterada y sobre eso no veo que nadie esté especialmente preocupado.