Copio lo que salió en un diario:
El minero Samuel Ávalos, uno de los “33 de Atacama”, se refirió a la demanda que 31 de los mineros decidieron interponer contra el Estado por lo que consideraron una negligencia de parte del Servicio Nacional de Geología y Minería, que no fiscalizó apropiadamente el yacimiento, al momento del derrumbe el 5 de agosto de 2010.
Respecto a la acción judicial, el abogado Edgardo Reinoso solicitó en el Noveno Juzgado de Santiago, una suma de 250 millones de pesos para cada uno de los demandantes.
Al respecto, Ávalos llamó en radio Cooperativa a distinguir el recurso judicial contra el Estado del Gobierno, asegurando que “son cosas muy diferentes, quiero que la opinión publica tenga claro eso”.
“No tiene nada que ver el Gobierno con el Estado, con el Gobierno estamos muy agradecidos porque gracias al Gobierno estamos vivos”, dijo.
Duda: ¿iniciativa de los mineros o de los abogados viendo de donde se puede sacar una buena tajada?
Costo total: 7.750 millones de pesos. El “Estado” significa que ese dinero saldrá de los impuestos de los contribuyentes.
Simplemente, los comentarios sobran.
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