El sistema de pensiones ha sido tema
obligado en los medios de comunicación de los últimos 10 días, desde las
marchas a nivel nacional realizadas el pasado 24 de julio clamando por:
Hay nuevas marchas programadas desde aquí
hasta noviembre del presente año.
El malestar mayoritario contra el sistema
previsional explotó en las calles gatillado por el conocimiento de la
millonaria pensión obtenida por la militante socialista Myriam Olate y ex esposa de nada menos que del actual
presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de 5,2 millones de
pesos, cifra que comparada con las bajísimas pensiones que se obtienen con el
sistema de AFP (unos $240.000 promedio) no puede menos que resultar indignante.
La Sra. Olate tuvo el descaro de decir que
es “lo que me tocó vivir”, al pensionarse por el sistema especial que rige para
las Fuerzas Armadas, Carabineros y organismos asociados, entre ellos Gendarmería,
que algunos llaman de reparto y que aspiran a su regreso, pero que no es tal:
de las pensiones que obtienen ese grupo especial, sólo el 10% proviene de las
cotizaciones del personal activo y el
90% lo pone el Estado o sea, todos nosotros vía los impuestos que pagamos,
IVA incluido (o sea, hasta el más humilde ciudadano que va a comprar un kilo de
pan aporta al erario nacional).
Digamos que la persona a la que me refiero
llegó a Gendarmería y accedió a uno de sus más altos cargos gracias a sus
contactos (pitutos) políticos, y por esa misma influencia abultó maliciosa e
inmoralmente con gratificaciones y regalías su último sueldo con el cual se
pensionó.
Obviamente quienes ya estaban descontentos con los resultados del
sistema de AFP y abogan por su eliminación tuvieron un argumento adicional para
decir que el sistema de reparto era una maravilla y el de capitalización
individual, una porquería.
Introducción
Que el sistema de AFP está lejos de
cumplir lo que en un principio se ofreció (una tasa de reemplazo del 70% de los
últimos sueldos) es un hecho de la causa, que requiere una urgente acción de la
sociedad en su conjunto para evitar que un alto porcentaje de la población se
enfrente a una vejez angustiadamente precaria.
Pero de ahí a decir que toda la culpa la
tienen las AFP “que han expropiado los ahorros de todos los chilenos para
enriquecerse” es no entender la situación.
El actual sistema de capitalización
individual tuvo tres errores garrafales en su concepción en mi opinión:
·
Suponer
que los trabajadores cotizarían durante toda su vida laboral, lo que es una
idealización muy lejana a la realidad. En abril de 2016, la cantidad de
cotizantes en el sistema fue de sólo 5.221.368 (fuente SP) y en diciembre de
2006 fue de apenas 3.474.839. En cifras redondas, menos del 50% de las personas
en edad laboral está cotizando. Así el sistema no funciona. Lo que se llaman
“lagunas previsionales” son enormes, ya sea por cesantía, por evasión o porque
quienes trabajan en forma independiente simplemente no cotizan (la reforma del
2008 trató de corregir ese último punto pero por distintas razones, aún no se
ha implementado).
·
No
visualizar, no sé si por error o intencionadamente, que las expectativas de
vida en Chile crecerían en forma drástica.
El año 1981, cuando
se estableció el sistema de capitalización individual, la expectativa de vida
al nacer en quinquenio 1980-1985 era de 67,38 años los hombres y 74,16 años las
mujeres (estudio INE del año 2004). El mismo estudio, para los nacidos entre
2015-2020 sería de 76,68 años los hombres y 82,81 las mujeres. Basado en las
nuevas tablas de mortalidad recién publicadas a fines del 2015 (SP) se indica
que las nuevas expectativas de vida son 85,3 años para hombres y 90,4 para
mujeres. Esas cifras me parecen inconsistentes con las anteriores pero se han
anunciado públicamente. Sea como sea, ese aumento en la longevidad es un serio
problema para cualquier sistema de pensiones.
·
Suponer
que el sistema laboral en Chile era estable, formal y con sueldos razonables.
Nada de eso se ha dado, resultando ser esencialmente precario.
Atendiendo a los resultados que se obtienen
del sistema de AFP (sus bajas pensiones en general y falta de legitimidad según
algunos sectores), el gobierno de la Presidenta Bachelet formó la “Comisión Asesora Presidencial sobre el
Sistema de Pensiones” compuesta por 24 integrantes a mi juicio de alto nivel y
calificación, de los cuales 15 eran chilenos y 9 extranjeros. Se la conoce como
“la Comisión Bravo” por el nombre de quien la presidió.
Su misión: “Estudiar
el Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y en la
Ley N° 20.255 de Reforma Previsional de 2008, realizar un diagnóstico acerca
del actual funcionamiento de estos cuerpos normativos y elaborar propuestas
destinadas a resolver las deficiencias que se identifiquen…”.
Adicionalmente,
el mandato establece que:
“La Comisión deberá velar porque las
propuestas que formule sean relevantes, concretas, eficaces, eficientes y
viables, y por la coherencia interna de todas ellas, precisando la gradualidad
para su implementación. Asimismo, deberá velar porque ellas cuenten con
viabilidad financiera, política e institucional”.
Hicieron encuestas a 3.696 hogares,
encargaron 7 estudios y efectuaron una amplia cantidad de audiencias y diálogos
ciudadanos con organismos estatales, sindicales, gremiales, colegios
profesionales, centros de estudios, AFP, aseguradoras y consultoras.
La Encuesta de Opinión encargada por la
Comisión mostró una imagen negativa de las AFP en la mayor parte de la
población: un 72% de las personas considera que “Sólo un cambio total al
sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”. Un 66% considera que “Las
bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”.
El informe de la Comisión fue entregado a
la Presidenta en septiembre de 2015, quien encargó a un Comité de Ministros su
estudio y proposición final, sin que se haya tenido noticias de su avance. Mi interpretación
es que el gobierno no tenía interés en tomar esta “papa caliente” en sus manos
durante su mandato, lo que eventualmente podría cambiar dado el estallido
social que el tema ha provocado.
El Ministro Rodrigo Valdés hace poco
mencionó que les ha tomado tiempo superar las inconsistencias en las
evaluaciones económicas de la Comisión.
Por el momento, lo único que ha dicho el
Gobierno es que impulsará la creación de una AFP estatal, lo que no significará
aporte alguno en la mejoría del monto de las pensiones, aunque validaría el
sistema. El punto da para un artículo especial.
EL INFORME DE LA COMISIÓN BRAVO
Contiene tres propuestas, dado que no se
logró una posición unánime.
Las tres posiciones fueron denominadas
propuestas globales A, B y C, respectivamente y, en términos resumidos postulan
lo siguiente:
Ø La propuesta global A aborda el
mandato presidencial construyendo sobre la Reforma de 2008, fortaleciendo el
Pilar Solidario, mejorando el pilar contributivo y la igualdad de género,
manteniendo los incentivos esenciales de ahorro, inversión, y crecimiento
económico que permiten el financiamiento de las pensiones futuras. Propuesta de
mayoría apoyado por 12 integrantes.
Ø La propuesta global B busca
incrementar la legitimidad del sistema y responder a los Principios de la
Seguridad Social mediante la creación de un componente de seguro social, basado
en la solidaridad entre afiliados y entre generaciones. Apoyada por 11
comisionados.
Ø La propuesta global C busca dar
respuesta a las opiniones expresadas durante el proceso de participación
ciudadana, de reformar el sistema hacia uno de reparto puro. Apoyada por una sola integrante: Leokadia
Oreziak. Economista polaca que participó en la eliminación del sistema de
capitalización individual en Polonia. Definitivamente una voz disidente dentro
del grupo, muy en línea a lo que postula vehementemente Manuel Riesco (Cenda),
detractor acérrimo del sistema de AFP.
La Comisión no respaldó la propuesta C y
no consideró zanjada la decisión entre las alternativas A y B.
Los principales aspectos de cada
propuesta se entregan a continuación, con mis comentarios, cuando me parecieron
pertinentes, en cursiva
y rojo.
1.
Propuesta Global A
La propuesta A
está diseñada para fortalecer el Sistema de Pensiones Solidarias y para
incrementar la igualdad de género, objetivos deseables por sí mismos; además, apunta
a mantener el componente de ahorro del sistema.
Cambios en el Pilar Solidario no contributivo
·
Fusiona
la PBS (pensión básica solidaria) y el APS (aporte previsional solidario) en un
solo beneficio universal, la Pensión Solidaria Universal, que cubre al menos al
80% de la población.
·
Incrementa
el beneficio solidario en 20% para quienes no tienen una pensión de AFP. La pensión
básica solidaria en julio 2016 es de $93.543.Digamos que subirla en 20%, algo
mejora pero sin resolver el problema.
·
El
beneficio solidario decrece para quienes reciben pensiones de mayor monto. Razonable.
·
Financiamiento.
La propuesta provee de nuevas fuentes de financiamiento para el Pilar
Solidario.
i. Ingresos generales de 0,2% del PIB proveniente de
impuestos (actuales y futuros).
ii. Una nueva cotización del empleador de 2% de las
remuneraciones hasta su límite máximo.
iii. Una ampliación de la base imponible. Al aumentar la
base imponible, al ser la cotización libre de impuesto, no significa un aporte
al financiamiento, sino un costo para el Estado.
Cambios en el pilar contributivo de ahorro
·
Continuar
con la cotización de cargo de los trabajadores de 10% de la remuneración
imponible pero ampliando la definición de esta última. De acuerdo.
·
Incluir
una nueva cotización de 2% de cargo del empleador destinada a la cuenta
individual de pensiones, basada en una definición más amplia de remuneración
imponible. Ese
punto es vital. Un 4% en total de aporte del empleador es una mejora
conservadora. Para que el sistema de capitalización funcione relativamente
bien, dadas las específicas condiciones de Chile, la cotización total debería
ser del orden del 20%, como era en el antiguo sistema de reparto. Como
antecedente: de los casos que se han comentado en los medios noticiosos,
Holanda y España tiene un buen nivel de pensiones, pero su cotización, salud
incluida llega a casi 30% del sueldo. Aquí si le agregamos salud, es de sólo
17%.
·
Aumentar
el tope imponible indexándolo al crecimiento de las remuneraciones.
Cambios en el mercado de AFP
·
Establecer
una AFP Estatal, que opere bajo las mismas reglas que las demás AFP, con un
arreglo institucional que garantice que sea completamente independiente y
autofinanciada. Lo
dicho: en nada mejorarán las pensiones. Pero puede limpiar en algo la mala
reputación del sistema que el imaginario colectivo cataloga como una usurpación
y lucro descarado de las AFP, opinión que no comparto.
·
Periódicamente,
los afiliados serán automáticamente asignados en el fondo por defecto
dependiendo del grupo etario al que pertenezcan. Voto en contra: debe mantenerse la
libertad de cada afiliado a elegir el fondo que le parezca mejor a su perfil.
·
Modificar
el esquema de multifondos para reducir el riesgo y disminuir su número de 5 a
3. Parcialmente
de acuerdo. Dada la situación mundial (alto endeudamiento público de los países
desarrollados, malas prácticas empresariales y similares), yo dejaría sólo los
fondos C y E, éste último para edades próximas a la jubilación.
·
Eliminar el Retiro Programado como una modalidad de pensión,
haciendo obligatorias las Rentas
Vitalicias. Las Rentas Vitalicias deberían calcularse en base a tablas
uni-sex. Mi principal discrepancia con la propuesta.
Equivale a eliminar el concepto que los fondos son de propiedad de quien los
ahorró, al obligarlo a traspasarlos a una aseguradora al momento de jubilar. Es
una alternativa que en mi caso tengo totalmente descartada y la propuesta me
parece un desatino.
Cambios en las edades de retiro
·
Equiparar
a hombres y mujeres con la misma edad mínima de pensión, inicialmente 65 años. De mala
presentación pero inevitable.
Cambios para mejorar la equidad de género
·
Usar
tablas de mortalidad unisex para las Rentas Vitalicias. Podría ser: sería la renuncia de los
hombres a parte de su pensión para mejorar la de las mujeres.
·
La
contribución del esposo y esposa u otras parejas formalizadas deberían ser
compartidas año a año, con el 50% de las contribuciones del esposo destinadas a
la cuenta de la esposa y viceversa. Una locura. Caso matrimonio, el cumple 65 años y quiere
jubilar y su esposa que no trabaja tiene 56 y no puede pensionarse. Por lo
tanto el marido se jubilaría con la mitad del capital que si toda su cotización
hubiera ido a su cuenta.
Caso distinto es en el caso de divorcio
que debería verse como abordarlo.
Algo importante: en el caso de los
matrimonios, reciben las dos pensiones si ya jubilaron. Y al fallecer uno de
los cónyuges, el otro recibe dos pensiones: la suya y la del cónyuge fallecido
(pensión de viudez).
Otros elementos
·
Mejorar
la densidad de cotizaciones por medio de una mejor fiscalización y cumplimiento
de la ley. Eso
debería haberse hecho desde el principio.
·
Promover
la educación financiera y los programas de educación previsional. Vital. La
ignorancia y despreocupación por el tema es abismante, y luego se reclama de los
resultados.
Aun cuando mantener el ahorro es fundamental, este no
necesariamente se tiene que organizar por medio del sistema de AFP sino que
puede adoptar otras formas. Una forma de dejar una puerta abierta para tranquilidad
de quienes abogan por “No + AFP”.
2.
Propuesta Global B
La Propuesta B
transforma el actual esquema de pensiones solidarias en un seguro social que
pasará a ser la parte central del Sistema de Pensiones con financiamiento
tripartito.
El sistema que se
propone tiene dos componentes:
1. Un componente no contributivo: la Pensión Básica Solidaria.
Toda persona mayor de 65 años o inválida que no pertenece al 20% de las
familias de mayores ingresos es elegible para esta prestación uniforme y
reajustable. No
veo en el informe que se indique el monto de la PBS ni cómo se financia.
2. Un componente
contributivo que separa los aportes en dos modalidades.
a. Para aquellas personas que cotizan por menos de $350.000 y
por los primeros $350.000 de los que cotizan por más de ese monto, sus
cotizaciones se destinan a un esquema de seguro social, administrado como un
fondo colectivo solidario. Dicho fondo solidario está constituido por cada peso
aportado por los cotizantes en una cuenta ciudadana de seguridad social que es
pareado por cotizaciones de empleadores y/o del Estado. El sistema se financia
con la contribución del 10% de todos los cotizantes, con un tope de $350.000 y
un pareo por un monto equivalente, a
cargo de los empleadores, y aportes fiscales. No me parece mala idea.
El corte de $350.000
se ha usado para establecer como tope del beneficio otorgado por el Seguro
Social, el cual tendría un valor igual al salario mínimo (equivalente a una
tasa de reemplazo de 70%). Este podría variar dependiendo de la mediana de
ingresos imponibles en el momento de su cálculo.
b. Las cotizaciones por sobre $350.000 se destinan a las AFP
escogidas por sus aportantes. Estas hacen la gestión financiera en forma
similar al sistema actual y reportan el valor de la cuota individual a una
entidad previsional encargada en forma centralizada de la afiliación,
recaudación y registro. Las AFP son responsables de la gestión de los fondos,
permitiendo a los afiliados optar entre alterativas de AFP y fondo que
administran. Esta
parte la encuentro confusa: da la impresión que el Estado toma un rol relevante
en el manejo de los fondos. No indica si se mantienen las opciones de retiro
programados y rentas vitalicias.
Esta
alternativa me parece interesante siempre que las cotizaciones por sobre los
$350.000 sean depositados en una AFP manteniendo en general las normas
actualmente vigentes para el sistema de capitalización individual. La
pensión final en todos los casos sería la suma correspondiente a los dos
componentes contributivos.
3.
Propuesta Global C
La propuesta
global C, sugiere reemplazar el sistema actual, convirtiéndolo en un esquema de
reparto y asume que los afiliados actuales del sistema de AFP son transferidos
a este, junto a sus contribuciones y fondos, a cambio de una pensión mejor,
definida, de por vida y no discriminatoria. Esta transferencia es sin compensaciones: o sea, una abierta
expropiación al estilo argentino. No puedo menos que oponerme a ese esquema.
·
Las
tasas de contribución no se aumentan hasta el año 2035, y luego se incrementan
a 25%. ¿O
sea, mantiene el 10% hasta el 2035? Me imagino es porque hacen uso de los
fondos expropiados para pagar las pensiones.
·
No
se requiere un financiamiento nuevo vía impuestos, ni inmediatamente ni en el
futuro.
·
No
habrá una contribución a cargo del empleador.
No doy
más detalles por considerar, como la Comisión, como una alternativa no viable
además de difícil de entender su funcionamiento.
Ofrece un
aumento sustantivo de las pensiones, pagadas claro está, con los fondos
expropiados. Y cuando estos se acaban (¿año 2035?) suben la cotización del 10%
al 25%. Eso no lo digo yo; sino la propia Comisión que no respalda esta
propuesta.
El
informe completo puede verse en:
Las propuestas
concretas de la Comisión (generales)
La Comisión
incluyó en su informe un total de 58 propuestas concretas, que debieron ser
aprobadas por lo menos por 13 de los 24 integrantes, de las cuales me parece
relevante destacar:
·
Aumentar
la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias a al menos el 80% de la
población.
·
Aumentar
el monto de la Pensión Básica Solidaria y de la Pensión Máxima con Aporte
Solidario en 20%.
·
Mantener
la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes
establecida en la Ley 20.255, adecuando su gradualidad. Obvio así debe ser.
·
Establecer
una nueva cotización previsional de cargo del empleador del 4%.
·
Establecer
que al menos una fracción de esta mayor cotización de 4% de cargo del empleador
se destinará a un fondo solidario.
·
Considerar
un período de transición de al menos 4 años para el incremento que se propone
en la tasa de cotización, con el objeto de producir un menor efecto negativo
sobre el mercado laboral. El aumento del costo laboral para el empleador, en
algunos casos no es indiferente, sobre todo para las pequeñas empresas. Debe
evaluarse bien el efecto sobre la creación de empleos.
·
Elevar
el límite máximo de las cotizaciones para pensiones desde el actual tope (73,2
UF) al que está vigente para efectos del Seguro de Cesantía (109,8 UF). Me parece muy
bien, pero tiene un costo para el fisco pues el monto no es tributable (bajan
las recaudaciones por impuesto a la renta aunque a futuro aumentarán cuando las
personas se pensionen y tengan una mejor jubilación).
·
Extender
el periodo de cotización obligatorio hasta la edad de retiro efectiva del
mercado laboral, en caso que esta sea posterior a los 60 años en el caso de las
mujeres y los 65 años en el de los hombres. Razonable, aunque las cotizaciones de los últimos años
tiene muy poco impacto en el monto de pensión.
·
Equiparar
la edad de retiro entre hombres y mujeres. Aprobada por 18 votos: de las 8 mujeres integrantes de la
Comisión, sólo 2 votaron a favor.
·
Establecer
un subsidio al empleo de personas mayores en términos equivalentes al actual
Subsidio al Empleo Juvenil.
·
Disminuir
de 5 a 3 el número de multifondos (eliminando los Fondos A y E). Yo eliminaría el
A, el B y el D.
·
Extender
la actual licitación que incluye solo a los nuevos afiliados a una fracción de
los antiguos afiliados, con un mecanismo por definir. ¿Por qué una nueva licitación podría
obligarme a cambiar de AFP? Dicen que para bajar las comisiones. Pero la última
licitación, que ganó Planvital, tiene una comisión de apenas 0,41%, que es un
valor bajo, casi idéntico al promedio de la OCDE que es 0,4%.
·
Crear
una AFP Estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP,
conforme a la propuesta legislativa existente en el Congreso.
·
Eliminar
el cálculo de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo.
·
Establecer
fondos previsionales compartidos. Se propone que el 50% de las cotizaciones
previsionales obligatorias se depositen en la cuenta individual del cónyuge o
pareja en relación de convivencia. Reitero mi discrepancia.
·
Establecer
que la partición de los fondos de pensiones en caso de divorcio, al ser
considerada por parte de un juez, sea en partes iguales. En eso sí estoy de acuerdo.
·
Establecer
que las Administradoras de Fondos de Pensiones deban mantener programas de
educación previsional. De acuerdo.
·
Eliminar
la modalidad de pensión de Retiro Programado. El argumento es que considera pensiones
decrecientes en el tiempo. Para mi sorpresa, contó con 22 de los 24 votos a
favor. Es mi principal discrepancia con las propuestas de la Comisión.
·
Evaluar
el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por nivel educacional o
ingreso promedio. Tiene sentido, pero entiendo no existen tablas con esa diferenciación.
·
Sin
perjuicio del mandato de la Comisión que se refiere al D.L. 3.500 y a la Ley
20.255 (al régimen civil de pensiones), la Comisión estima que las FFAA,
Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, deberían tener en general, igual
trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores,
debiendo atenderse a las características específicas de su ocupación. Tema complicado
que requiere un profundo análisis.
El efecto del
conjunto de las medidas
En una primera
aproximación, el impacto en términos de tasas de reemplazo esperadas para los
hombres pueden ascender a aproximadamente 13,5 puntos porcentuales (una
proporción importante para tasas de reemplazo medianas proyectadas del orden de
40%). En el caso de las mujeres, el efecto estimado puede ascender al doble,
cuando se le adiciona el aumento en la edad de jubilación de 5 años y el
beneficio de las cuentas compartidas. Me parece un beneficio aún insuficiente.
Compromisos fiscales
de las recomendaciones de la Comisión
Considerando el
total de propuestas analizadas previamente, el costo bruto de las medidas en
conjunto se encontraría en un rango de 0,62 -,67% del PIB. El ministro Valdés parece no estar de
acuerdo con ese cálculo. Es conveniente destacar que el costo de las pensiones
de la FF.AA, de Orden y asimilables (Dipreca y Capredena), con un número de jubilados
que viene siendo menos de 1/10 de los
pensionados normales, significaron un 0,9% del PIB el año 2012.
Datos y comentarios
para cerrar el tema
·
Seis
diputados de la Nueva Mayoría proponen una reforma constitucional que pone fin
a las AFP y las reemplaza por un sistema público y solidario tripartito de
cotizaciones previsionales. Entiendo no está dentro de sus atribuciones, pues
el Congreso no tiene facultades para proponer leyes que signifiquen un gasto
para el fisco.
·
De
los 160.000 millones de dólares que tienen los fondos actualmente, sólo 1/3 corresponde
a lo que hemos cotizado y los restantes 2/3 se han obtenido por rentabilidad.
Por lo tanto el sistema de capitalización individual genera riqueza; no así los
sistemas de reparto, que lo que ingresa un mes se gasta en pagar las pensiones.
Por lo tanto, el sistema vigente dispone de un capital 3 veces mayor que uno de
reparto. Argumento que permite darse cuenta que no puede ser mejor ese último
sistema.
·
Hay
un pero: no todo ese capital será utilizado para pensiones. En el caso de una
renta vitalicia los cálculos son hechos para que la aseguradora tenga una
diferencia a su favor en términos medios. Y en un retiro programado, por el
sistema con que se calculan definido por la Superintendencia de Pensiones y del
que he sido especialmente crítico, al fallecer los beneficiarios siempre
quedará un excedente que constituye herencia y pasará a los herederos y no a
pensión.
·
La
reiteración del porque el sistema de reparto no es sostenible: Según el INE,
para el año 2020 la población en edad laboral (hombres entre 22 y 65 años y
mujeres entre 22 y 60 años), sería de 10.173.794. Y los pensionados,
considerando las personas sobre la edad para jubilarse, 2.723.633.
En el sistema de reparto no veo razón porque más personas
cotizarían que las que lo hacen en el actual sistema. Como es cercano a la
mitad (realmente, menos que eso), serían 5.086.897 cotizantes que deberían con
sus aportes financiar las pensiones de 2.723.633 pensionados, pues a ellos sí
hay que pagarles todos los meses.
Eso significa que para pagar una pensión se dispondría del
aporte de 1,87 cotizantes. Algo impensable. Y por el aumento de longevidad y baja
tasa de natalidad, esa relación iría empeorando sistemáticamente.
·
José
Piñera, el padre del sistema de AFP, acaba de llegar a Chile para proponer
alternativas de mejoramiento y defender el modelo económico. Creo que lo lincharán
de todos los sectores y no cambiará el rumbo normal del proceso, pero será
interesante conocer su mirada.
·
Las
AFP, a pesar de haber hecho un buen trabajo con los fondos, han hecho su aporte
al desprestigio que las afecta, con prácticas absolutamente repudiables.
Menciono las que me resultan más evidentes:
Ø Las fusiones “ficticias” entre Curpum
y Argentum y entre Provida y Acquisition para evadir impuestos. Una maquinación
impresentable. En revisión por la Superintendencia.
Ø Los fondos que se invierten en el
extranjero se hacen con intermediarios que cobran una comisión. Dicen del orden
del 1%. Ese costo debería ser cubierto por la comisión que cobra cada AFP, pero
ha saltado a la luz pública que lo están descontando de la rentabilidad de los
fondos, que les corresponde a los afiliados y no a la APF como empresa. Un
abuso, mala práctica infringiendo la normativa ante lo que la Superintendencia
de Pensiones ha sido pasiva.
Ø Haber cobrado comisiones desde el
principio, que el sistema de licitación (Reforma 2008) demostró podrían haber
sido más bajas. Y mantenerlas aquellas que no han ganado las licitaciones, a
excepción de Habitat que las bajó por decisión propia.
Ø Estar recién ahora proponiendo
medidas para mejorar el sistema, cuando los ánimos están caldeados.
Ø No haber hecho campañas de educación
previsional.
Ø Si al final terminan sepultadas (lo
que me parece poco probable y poco deseable), sepan que contribuyeron a cavar
su propia tumba.
·
Otros
datos del Informe Bravo que dan luces adicionales sobre las bajas pensiones que
se obtienen en el actual sistema:
v En la Comisión Marcel (Reforma 2008),
las mujeres al jubilar 5 años antes reducen entre un 30% y 40% el monto de su
pensión.
v La brecha de salario promedio de las
mujeres respecto a los hombres es de 18%, pudiendo llegar a l 40%.
v Los hombres, el 74% de su vida
laboral trabajan remuneradamente. Las mujeres sólo el 40%.
v Un 53,5% de la vida laboral de los
hombres entre 18 y 60 años trabajan como asalariados (contratos formales). En
el caso de las mujeres, ese porcentaje alcanza a apenas 29,1%.
v La densidad de cotizaciones durante
la vida laboral de los hombres es de 48,8% y de las mujeres, 33,3%. La relación
es obvia: a bajas densidades de cotización, bajas son las pensiones.
v Las tasa de remplazo, considerando
los sueldos imponibles de los 10 últimos años, alcanza a 59% para los hombres y
37% para las mujeres.
v A marzo del 2014, sólo el 0,2% de los
afiliados cotizaba en el APV para mejorar su pensión. No sorprende pues la gran
mayoría de los chilenos, por los bajos sueldos y precariedad laboral, no tiene
capacidad de ahorro.
La gente quiere
mejores pensiones, lo que es lógico. Pero la mayoría sólo se enfoca en eso (y
abolir a las AFP a las que odian), pero sin entrar a considerar como se financian.
Eso es tema de otros; que vean como lo hacen. No hay una sana correlación entre
las expectativas y el esfuerzo que ellas demandan.
